El Hablador Periódico de Sopó
A raíz de la detección de ciertas irregularidades en la Subsecretaría de Tesorería, Tania Arismendy tesorera municipal, entabló una denuncia ante la Fiscalía Seccional de Zipaquirá, en contra de la auxiliar administrativa Ligia Stella Cajicá por los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. En la actualidad Ligia Stella se encuentra detenida en la Cárcel Nacional de Mujeres del Buen Pastor en calidad de acusada, mientras avanza la investigación.
El erario público del municipio de Sopó se vio afectado por las acciones delictivas de esta ex funcionaria, quien se estaba apropiando de los recursos pagados por los ciudadanos. “Las irregularidades fueron identificadas el 29 de mayo cuando me encontraba realizando una auditoria en mi dependencia” comenta la tesorera Arismedy sobre el caso, “e inmediatamente procedí a entablar la respectiva denuncia”. Arismendy presentó adjunto un conjunto de pruebas y soportes que permitieron la detención de la acusada. El caso entró en investigación, primero a manos de la Fiscalía seccional de Zipaquirá y ahora en la Fiscalía seccional de la unidad de delitos contra la administración pública.
Son muchos los rumores que se entretejen sobre el tema; los principales interrogantes son la manera en que la ex funcionaria procedía, en cuánto va el valor de la cuantía y porqué no se habían detectado antes las irregularidades. Se presume que Ligia Stella recibía dineros de las diferentes rentas del municipio entre estas el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial, este último debe ser pagado, obligatoriamente en los bancos. Además recibía en efectivo cuantiosas sumas, expedía un recibo provisional donde dejaba al cliente a paz y salvo, generaba otro recibo donde falsificaba las firmas y finalmente ingresaba el pago al sistema pero en una vigencia pasada, ya cerrada. Esto impidió en parte darse cuenta a tiempo de la situación explicó Arismendy. Adjunto a esto el sistema que se maneja en este tipo de procedimiento tiene bastantes falencias y es manipulable.
Ante la situación se hizo necesaria una minuciosa auditoria que no había culminado al cierre de esta edición, y que consiste en imprimir todos los reportes del sistema, revisar cada uno de los recaudos, comparar los recibos de tesorería con los cupones del banco y requerir a más de 600 contribuyentes, de los cuales el 90% han allegado y cuentan con su recibo de pago donde está consignada la firma de la acusada. Gracias a este proceso se pudo identificar que las inconsistencias vienen desde el año 2004, fecha en que ingresó a trabajar la ex-auxiliar. La tesorera aclara que la alcaldía municipal nunca entabló la denuncia sobre una suma específica.
Sin embargo el material probatorio y las evidencias físicas con que cuenta la Fiscalía, le permitieron a esta comunicar una cifra de 131 millones de pesos, cuantía sobre la que avanza la investigación. Sobre el caso ya se han realizado dos audiencias públicas. La primera el 5 de julio, en la que Ligia Stella Cajicá aceptó los cargos imputados y se allanó inicialmente sobre una cuantía de 20 millones de pesos, a lo que la Fiscalía interpuso que la allanación debería ser por la cifra total o nada; la acusada aceptó. Una segunda audiencia preeliminar se llevó a cabo el pasado 2 de agosto por petición de la Fiscalía quien solicitó aclaración de la imputación en cuanto al tipo de modalidad y a una cuantía definitiva, argumentando que el peculado tiene varias penas y estas dependen principalmente de esa suma. Las peticiones fueron negadas por parte de la Juez de control de garantías del caso, Dra. Gloria Luisa Castilla, objetando que en la pasada audiencia el fiscal fue muy claro en la formulación de la imputación y puntualización de la cuantía “el fiscal manifestó en su intervención del 5 de julio, que habían contando con la colaboración de un profesional para determinar y tazar la cuantía” dijo la juez en el despacho. Ante esto el fiscal Carlos Alfredo Rodríguez en reemplazo de la Fiscal tercera quien tiene el caso, interpuso el recurso de apelación.
En la misma sesión del 2 de agosto el abogado defensor de la acusada Dr. Armando Camacho pidió la sustitución de la detención preventiva de intramuros que viene cumpliendo su defendida, por la detención preventiva domiciliaria. La petición fue negada por la juez Castilla basándose en la reciente ley 1142 del 28 de junio de 2007 que expresa en uno de sus artículos, que no se procederá a la sustitución preventiva en establecimiento carcelario cuando se trate de un peculado por apropiación en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales.
Tanto la auditoria en Tesorería municipal, como la investigación por parte de la Fiscalía continúan. En cuanto a los dineros del municipio, estos se encuentran asegurados, lo que implica que la aseguradora deberá responder por el monto; paso a seguir sería esta entidad la que inicie las acciones pertinentes en contra de los implicados.