El Hablador Periódico de Sopó
91 entidades del Gobierno Nacional deberán proveer, previo concurso, los empleos que se encuentran en provisionalidad, el 31% en la Nación y el 68% en los territorios.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público, logró un acuerdo para que 91 entidades del Gobierno Nacional destinen $86.000 millones para la convocatoria de concursos que permitan proveer los empleos que se encuentran en provisionalidad, y asegurar que en 2022 el 100% de esas plazas estén ocupadas por servidores de carrera.
El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, resaltó los avances y acuerdo logrado en la mesa para empoderar “la meritocracia, premisa mayor de un estado moderno y eficiente, que preste eficazmente los servicios públicos y realice los derechos de los colombianos”.
En la Nación la provisionalidad es del 31% (24.336 cargos) mientras que en los territorios corresponde al 68% (135.405 empleos). Como producto de los cuatro meses de sesiones de la Mesa de la Meritocracia estos empleos de carrera quedarían cubiertos con concursos convocados entre 2019 y 2022.
En la mesa se acordó revisar los contratos de prestación de servicios en el Estado y la promoción de la formalización del empleo público, para reducir de manera gradual los 244.668 contratos de prestación de servicios en todo el territorio nacional, donde los cargos de planta ascienden a 360.705.
La Cancillería, informó a la Procuraduría el incremento del número de cargos de embajador ocupados por servidores de Carrera Diplomática y Consular, que pasó de 12 a 20, con lo que elevó a 30 el porcentaje obligatorio y se comprometió a que en 2022 esa cifra será del 50%.
Este avance para la meritocracia logrado en los últimos 6 meses es el resultado de los acuerdos alcanzados en 10 sesiones de la Mesa para la Meritocracia del Empleo Público, convocada por la Procuraduría General, de la que hacen parte la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Producto del trabajo de la Mesa de la Meritocracia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) no deberá adelantar convocatorias para proveer 19.000 cargos en 135 entidades, lo que representa un ahorro de $58.824 millones para el Estado y un incremento en la credibilidad y confianza hacia las instituciones por parte de los 400.000 participantes en los concursos.
Función Pública y la CNSC, con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, pondrán a disposición de magistrados y jueces, un curso virtual de empleo público, que facilite el conocimiento de los trámites administrativos y la consulta de jurisprudencia y de disposiciones vigentes.
Según informes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el número de demandas en contra de la Nación por asuntos laborales es de 7.067, con pretensiones de $797 mil millones. El Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Función Pública adelantarán un programa de prevención del daño antijurídico en materia de Empleo Público.
La Procuraduría mantendrá su vigilancia preventiva para que el mérito prime en el acceso a los empleos públicos en todo el país, sobre la disminución progresiva de contratos de prestación de servicios y formalización de empleo público, así como en la capacitación de servidores de elección popular.
