El Hablador Periódico de Sopó
La construcción de plantas de tratamiento en algunos municipios de Cundinamarca lleva años y pone en jaque descontarminar el río Bogotá, pues sus aguas residuales se vierten en este cuerpo de agua. Es necesario destrabar los convenios que decidió frenar la CAR.
Los estudios, diseños y construcción de algunas plantas de tratamiento en municipios de Cundinamarca se han convertido en un cuello de botella en los procesos de saneamiento de las aguas residuales, que en una buena proporción van a parar al río Bogotá.
Algunos de estos procesos llevan por lo menos una década y la semana pasada una vez más quedaron en stand by luego de que el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, decidiera suspender los convenios que tenía con municipios como Suesca, Villapinzón, Sopó y Girardot, para cofinanciar el desarrollo de estas iniciativas.
La decisión tomada por el funcionario luego de que la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara por diez años, por irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) del municipio de Chía, dejó en el limbo el proyecto de Canoas, con el que que se proyecta descontaminar el 70 % de las aguas del río Bogotá y los de las poblaciones mencionadas antes.
El alcalde de Villapinzón, Gildardo Melo, lamentó la decisión de la Procuraduría y las implicaciones que de momento genera para su municipio; pues, según explicó, no cuenta con una planta de tratamiento y en 2017 se firmó el convenio entre la CAR, Empresas Públicas de Cundinamarca y el municipio, para poner en marcha el proyecto, a cuyos diseños es necesario realizarle ajustes, pues fueron realizados en 2009.
El acuerdo contempla tres fases. La primera es precisamente el ajuste a los estudios y diseños con el fin de ponerlos a tono con la nueva realidad del municipio, pues la población aumentó. Cuando se hicieron los diseños se hablaba de 1.400 usuarios y hoy día podrían ser 5.500 personas.
La segunda fase es la construcción a partir de los ajustes realizados y la tercera es la entrega del proyecto. A su juicio, este municipio tiene dos problemáticas marcadas. Por un lado, los vertimientos directos que realiza el municipio al río Bogotá y; por otro, los realizados por las curtiembres, que si bien en su mayoría se han ajustado a las normas medioambientales, aún hay algunas que de forma clandestina siguen vertiendo residuos a este cuerpo de agua.
Una primera proyección del costo de la planta era de 10.000 millones de pesos, pero según el alcalde, al realizar los ajustes correspondientes, esta cifra podría duplicarse. El municipio de Villapinzón ya cuenta con el predio que cumple con los requerimientos para la instalación de la planta, el cual tuvo un costo de 600 millones de pesos. Sin embargo, ahora es necesario esperar que se destrabe el convenio con la CAR, pues el mayor aporte de recursos para sacar adelante la iniciativa lo realizaría esta entidad.
En Sopó la situación no es muy diferente, pero las autoridades del municipio se han propuesto seguir adelante con el proyecto, mientras se define qué pasará con las decisiones de la CAR.
Luis Hernando Tarazona, gerente de las Empresas Públicas Municipales de Sopó (Emsersopó), explica que el desarrollo de este proyecto inició en 2016 cumpliendo con todos los parámetros establecidos con la idea de poner en marcha una nueva planta que reemplace la que hoy está en funcionamiento, pero que está cumpliendo su ciclo de vida útil.
En septiembre de 2016 fue radicado el proyecto ante la CAR para buscar su cofinanciación y en noviembre de 2017 se firmó un acuerdo de voluntades. El aporte de la CAR para sacar adelante la iniciativa, que está valorada en 16.000 millones de pesos, sería de 90 %.
El proyecto está contemplado a 25 años y por ello la nueva planta se construirá con tecnología de avanzada con el fin de que sus servicios al municipio sean no solo los adecuados, sino que perduren. Esta planta tiene cobertura de unos 6.000 usuarios que se extiende a unos 19.000 habitantes.
La proyección de acuerdo como está establecido en este momento el cronograma es que esta Ptar pueda entrar en operación a finales del próximo año; pues su construcción debería iniciarse antes de finalizar el presente periodo, dado que sus estudios y diseños están completamente actualizados.
Otro de los municipios afectados es Girardot; cuya construcción de la planta está estimada en un monto de 70.000 millones de pesos. En esta población se tenía previsto el montaje de tres Ptar; sin embargo, debido a cambios en el Plan de Saneamiento Básico y Manejo de Vertimientos, las autoridades locales tomaron la decisión de que fuera una sola, para lo cual se requieren nuevos diseños, sobre los cuales la CAR realizaría la cofinanciación.
Situación diferente se registra en el municipio de Zipaquirá, cuya planta está a punto de entrar en operación, pues se espera que inicie actividades antes de finalizar el presente año. En enero del año pasado iniciaron las obras y hoy tienen un avance de 80 %.
Con la nueva Ptar se garantiza el tratamiento de aguas residuales de la población por un periodo de por 30 años y se da cumplimiento a la sentencia del río Bogotá al ayudar a descontarminar la quebrada el Amoladero y el Río Negro que son afluentes de este cuerpo de agua. El valor de la obra es de 69.063 millones de pesos y para el mismo la CAR realizó un aporte de 97 por ciento. Autoridades del municipio indicaron que los recursos están garantizados para finalizar el proyecto.
Ante el panorama, las autoridades de los municipios afectados esperan que rápidamente se puedan destrabar los convenios para continuar adelante con los proyectos, pues es imperativo cumplir con la sentencia emitida por el Consejo de Estado, en marzo de 2014, en donde se ordena el diseño y la implementación de medidas para descontaminar el río Bogotá.
