En el Municipio se viene adelantando el cobro del impuesto predial del año 2009 con base en la actualización catastral adoptada por el IGAC en los últimos días del 2008, este proceso ha despertado una fuerte polémica pues los nuevos avalúos se dispararon llegando a incrementos de hasta un 1000%. El problema se ha hecho más complejo debido a la fuerte contradicción entre la Administración y el Concejo, pues mientras la Administración dice estar obligada por la resolución del IGAC y que ha actuado en el marco de las normas, para el Concejo existen herramientas jurídicas que pueden permitir a la Administración oponerse a la base catastral entregada por el IGAC y garantizar a todos los ciudadanos un proceso de actualización gradual, como lo han hecho otros municipios. Otra dificultad se encuentra en la respuesta de la Administración, quien ha enfocado sus esfuerzos en buscar culpables en lugar de analizar las propuestas del Concejo y la ciudadanía, que según algunos expertos son las más viables y sensatas.
Llegamos a tal punto que hemos visto a el ex alcalde Mauricio Romero en el Concejo aclarando algunas cuestiones que surgen de las acusaciones públicas del alcalde actual, quien en los medios locales plantea que la administración anterior y el Concejo actual son responsables de lo que sucede, incluso el alcalde ha llegado a decir que ocho concejales lo persiguen por cuestiones personales. Lo cierto es que mucha gente sigue afectada y sin una solución concreta, pues aunque la Administración dispuso una oficina para que el IGAC atienda las quejas directamente en el municipio, este trámite puede durar incluso hasta finales de año, y el Concejo que desea solicitar al Gobierno Nacional la suspensión de la resolución del IGAC, aún no ha podido hacerlo debido a que la administración no le ha remitido la información necesaria.