Foto: María Alejandra Gaitán Medrano
Hoy se conmemora a nivel mundial el día del reciclador, declarado tras el asesinato de 11 recicladores en la Universidad Libre de Barranquilla en 1992, un hecho que evidenció las difíciles condiciones en las que trabajan las personas que realizan este oficio y que muy poco han mejorado.
Una muestra de ello es que solo hasta 2016 el país contó con el decreto 596 emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el cual se formaliza la labor, esto como resultado de la lucha liderada por la Asociación Nacional de Recicladores debido a la implementación en 2008 de la ley 1257, bajo la cual se efectuaba un comparendo ambiental por abrir bolsas en vía pública.
Foto: Emsersopo
En Sopó la situación para los 9 recicladores oficiales no es muy diferente, lamentablemente en la mayoría de los casos, su perfil es de bajos conocimientos, muchos sin saber leer o escribir, con problemas de salud o sin ninguna otra opción de trabajo, por lo que hay un desconocimiento y falta de apoyo a la labor que desempeñan desde hace varios años en beneficio del medio ambiente.
Sebastián Orjuela, quién es uno de los recicladores y se encuentra terminado un tecnólogo en gestión ambiental, ha motivado a la comunidad el buen hábito de reciclaje y cuidado del medio ambiente, a partir de un concurso, el cual tuvo su primera versión en 2016. El proyecto basado en la recolección de materiales como intercambio para participar de actividades ludicoformativas, salidas pedagógicas, y capacitaciones tuvo buena acogida, permitiendo generar alianzas y ampliando el público objetivo, llegando a empresas, juntas de acción comunal y entidades del estado, convirtiéndose en una herramienta para mejorar las condiciones de los recicladores. Durante el 2018 se está desarrollando la 4ta. versión , en donde se incentiva la recolección de aceite de cocina a nivel municipal.
Actualmente, los recicladores se encuentran adelantando el proceso para la creación de la primera asociación del municipio, la cual estaría al mismo nivel de una empresa de servicios públicos, permitiéndoles exigir derechos que mejorarían su calidad de vida.